En 2018 habrá reformas a la Ley de Agua y a la Ley Forestal
En febrero del 2018 habrá más reformas a la Ley de Agua y la Ley Forestal, ésta última para favorecer plantaciones o monocultivos para biocombustibles, alertaron ambientalistas.
Luego de que el Senado de la República en una sesión maratónica aprobara hace dos semanas la Ley de Biodiversidad de manera discreta y en medio de la polémica Ley de Seguridad Interior, defensores del medio ambiente en Puebla se sumaron al repudio y alertaron por dos reformas que se cumplirán entrado el próximo año.
Explicaron que la Ley General de Biodiversidad instaura una forma para legalizar la venta de conocimientos tradicionales indígenas y campesinos, además de la apropiación a manos de empresas trasnacionales de plantas medicinales, semillas, insectos, microbios y otros elementos de la biodiversidad englobados en el término recursos genéticos.
Esta ley permite que mineras, petroleras y otros proyectos de muerte altamente contaminantes podrán ocupar áreas naturales protegidas.
Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea de Afectados Ambientales y Omar Esparza, dirigente nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) acusaron el avance del despojo legalizado y aseguraron que esta acción discreta aprobación se repetirá durante el siguiente año.
Pérez Muñoz indicó que la Ley de Biodiversidad, fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México fue propuesta por la senadora Ninfa Salinas hija de Ricardo Salinas, presidente del Grupo Salinas grupo empresarial que ha incursionado en proyectos eólicos.
En ese sentido, recordó la Ley de Silvicultura propuesta por el PVEM, en la Cámara de Diputados, autoría de la ex delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Puebla, Alma Lucía Arzaluz Alonso, personaje relacionado con la devastación ambiental en Ahuazotepec con las minas de feldespato y también relacionada con las acusaciones falsas contra Martín Camacho, defensor de los derechos de los animales a quien se le levantaron cargos por la administración del Aviario.
“Estas leyes y reformas forman parte de una larga cadena y una tupida maraña legal iniciada en el año 1992 con la reforma al artículo 27 Constitucional y sigue con las leyes generales y nacionales de agua, inversión extranjera, ley agraria, hasta llegar a la 13 Conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP 13) en Cancún donde se crea la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios y ella, la biodiversidad fue reducida a una mercancía más y se liberaran trabas para ocupar por megaproyectos las Áreas Naturales Protegidas”, dijo Pérez Muñoz.
El ambientalista detalló que algunas empresas y grupos que componen la Alianza Céspedes, como BASF, Grupo Bimbo, Biopappel, Cemex, Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Masisa, Nestlé, Protea, Syngenta, Televisa, Walmart de México y Citibanamex Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Conservación Internacional, Ecovalores, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Pronatura, entre otras.
Omar Esparza, líder de El MAÍZ —-organización indígena considerada la línea de defensa en el avance de los megaproyectos en el sur del estado—, calificó a las reformas aprobadas por el Senado como una muestra del servilismo y la imposición de los capitales trasnacionales.
“Las empresas se han convertido en los verdaderos patrones de la clase política que ha traicionado históricamente a nuestro país, la soberanía nacional, alimentaria, energética, y social. No existen ya políticos que hagan políticas que favorezcan a los más pobres , solo empleados que se arrastran ante las migajas que les tiran para aprobar privatizaciones que van en contra de los derechos humanos de la población y atenta directamente con la libre determinación de los pueblos”, aseguró Esparza.
El dirigente sostiene que la Ley de Seguridad Interior garantizará la disposición de los recursos. “Empleando la ley del garrote concesionan la tierra, el agua, el aire que es de todos”.
