La diputada local independiente, Lorena Ruíz García planteó una Ley que obligue a los gobiernos en los municipios a brindar terapia psicológica a hombres violentos, con el objetivo de reducir las agresiones contra las mujeres en el estado de Tlaxcala.
En la máxima tribuna tlaxcalteca, la integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó ante el Pleno de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 156 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Con esta iniciativa, la legisladora busca prevenir y disminuir los índices de violencia contra las mujeres, implementando el tratamiento psicológico para agresores en los municipios, debido a que los resultados pueden ser satisfactorios, pues con esto se puede conseguir reducir las conductas de maltrato y evitar la reincidencia, así como lograr un mayor bienestar para el agresor y para la víctima.
Lo anterior, desde una perspectiva preventiva, ya que en la medida en que disminuya el número de hombres violentos contra la pareja, también lo hará la violencia futura. Asimismo, con esto se busca interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional y el aprendizaje observacional por parte de los hijos.
“Tratar psicológicamente a un agresor, debe ser una realidad, sobre todo si el sujeto asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el cambio. Al margen de las diversas funciones que se atribuyen a las medidas penales-retributivas, ejemplarizantes y protectora de la sociedad-.No se puede prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del agresor.”
Terapia psicológica deberá ser ordenada por un juez municipal
De ser aprobada esta iniciativa, se agregaría la fracción VII al artículo 156 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, referente a las atribuciones y obligaciones del Juez Municipal, en la que se adicionaría que “en casos de violencia familiar e incumpliento a las órdenes de protección, el Juez, adicional a la sanción administrativa, impondrá a los agresores, acudir de forma obligatoria a 10 sesiones en un periodo de dos meses de orientación psicológica en las oficinas del DIF del Municipio de su radicación.”
Así como, “el agresor también podrá ser canalizado para cumplir con esta medida, a talleres, cursos o programas de reeducación masculina, en cualquier dependencia de gobierno o asociación civil, que lo tenga vigente al momento de la orden de cumplimiento.”
Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Gérero y Contra la Trata de Personas y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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