Los ocho militares acusados de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron liberados la semana pasada volverán a prisión. Un juzgado federal ha emitido este jueves las correspondientes órdenes de aprehensión, finalizando así la orden de una jueza de distrito del Estado de México que, el pasado 21 de enero, permitió que los soldados continuaran el proceso judicial, todavía en marcha, en libertad condicional.
El abogado de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha asegurado a la prensa que los ocho se presentarán voluntariamente a las autoridades.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, los ocho acusados, fueron arrestados en junio de 2023.
La titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, pidió para ellos la prisión provisional por el delito de desaparición forzada. No se conocen los delitos que la justicia les imputa en esta nueva orden de arresto, pero, de acuerdo con un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) citado por La Jornada, los soldados tenían vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La defensa de los militares pidió el pasado 21 cambiar la prisión provisional por una visita quincenal al juzgado, lo que fue aceptado por la misma Duarte Cedillo, quien también otorgó la libertad provisional el pasado agosto a otro imputado por el crimen, el general Rafael Hernández. Además, la jueza impuso como condiciones el pago de una fianza de 50.000 pesos, la retención de su pasaporte y la prohibición de acercarse a testigos y víctimas del caso, así como evitar acudir al Estado de Guerrero. Desde el momento de su detención en junio, los soldados habían permanecido encerrados en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, donde volverán después de la nueva decisión judicial.
La mayoría de los ocho militares ostentaban el rango de soldados cuando sucedió el ataque de los estudiantes, en 2014. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrulló por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y después de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respondía a su cercanía del grupo criminal que con el tiempo se convirtió en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.
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La liberación de los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa desencadenó un nuevo choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, dos antagonistas que han protagonizado una larga batalla pública en los últimos años:
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, arremetía un comunicado de la Secretaría de Gobernación publicado el 22.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”, proseguía.
La actuación del Gobierno respecto al caso en los últimos meses no ha estado, sin embargo, exento de críticas. En el noveno aniversario del ataque, el pasado septiembre, los familiares de los estudiantes se manifestaron en el Zócalo de Ciudad de México en plena ruptura de la relación entre las autoridades y los parientes, que acusan al Ejecutivo de cerrar filas con el Ejército. Los padres y madres de las víctimas exigen a las autoridades cientos de documentos de espionaje militar. Sin ellos, argumentan, la investigación se encuentra estancada y sin nuevos hilos de los que tirar.
La Sedena niega la existencia de los archivos, a pesar de que el grupo independiente de expertos (GIEI) que ha investigado el caso afirma que sí se encuentran en poder de los militares. El GIEI acabó abandonando México en julio, frustrado ante la resistencia del Ejército a proporcionar información. A principios de enero, los familiares de las víctimas volvieron a reunirse con la comisión presidencial. Exigieron el regreso del GIEI y, de nuevo, que el Ejército entregara los documentos. Ninguna de las peticiones salió adelante, lo que agravó aún más la relación entre ambas partes y amenaza con paralizar la investigación.
El caso se ha convertido en una maraña de intereses enfrentados con decenas de detenidos y una justicia que avanza lentamente. La verdad, el paradero de los estudiantes desaparecidos, se antoja ya casi imposible a pesar de la obstinación de sus familiares. El próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años del ataque.
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Foto: Especial
Vía: El País
