Se anuló la posibilidad de que los partidos se transfirieran votos entre sí, en caso de que alguno estuviera en riesgo de perder el registro.

Las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado mexicano aprobaron el lunes los dictámenes que contienen las iniciativas de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifican cinco leyes secundarias y crean una nueva norma en la materia, restándole personal y facultades al Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, se avaló en las comisiones senatoriales con el voto unánime y mayoritario de los legisladores de Morena, pues en la Comisión de Gobernación los senadores del bloque opositor decidieron retirarse, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos solo participaron el senador independiente Germán Martínez, y los panistas Indira Rosales y Damián Zepeda.

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Los dictámenes aprobados, que se prevé sean discutidos y votados en el Pleno del Senado este martes, aunque para ello se deberán realizar dos sesiones consecutivas, tuvieron algunas modificaciones, aunque en el fondo prevalece la intención de reestructurar los órganos internos y direcciones del INE, además de que se compactan las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), lo que traerá el despido de cientos de trabajadores.

Debido a la introducción de algunos cambios, después de que la reforma se apruebe en el pleno senatorial, el dictamen tiene que ser enviado nuevamente a la Cámara de Diputados para que esa soberanía ratifique lo hecho por sus pares, situación que ya ha generado algunos roces entre los mismos legisladores de Morena.

Entre las variaciones del dictamen se destaca que, para conservar su registro, los partidos políticos deben obtener el 3% de la votación en elecciones generales, tal y como ocurre actualmente. Los diputados habían aprobado que estos institutos podían seguir existiendo, aunque no obtuvieran esa proporción de sufragios, siempre y cuando en 17 entidades del país sí consiguieran el 3% de los votos.

También se anuló la posibilidad de que los partidos se transfirieran votos entre sí, en caso de que alguno estuviera en riesgo de perder el registro.

Los senadores igualmente desecharon que los partidos políticos nacionales pudieran obtener financiamiento público a nivel local en las entidades federativas, aunque hayan perdido su registro en el ámbito nacional.

Otro cambio fue el relativo a la obligación que se le imponía al INE para presentar al Congreso propuestas de reforma en materia electoral, pues esa facultad no está contemplada en el artículo 71 de la Constitución, ya que la autoridad electoral no está dentro de los sujetos que tienen derecho a iniciar leyes.

En cuanto a las coaliciones, independientemente del tipo de elección, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio logotipo en la boleta electoral, y no con emblemas conjuntos como pretendían los diputados.

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