La Abogacía del Estado ha presentado este lunes por la mañana una denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional
Vuelco en el caso Pegasus. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido espiados con el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el terminal de Robles.
Los piratas extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión, y 130 megabites, en la segunda. El botín que sacaron del móvil de la titular de Defensa fue mucho menor; al menos, en cuanto a volumen: nueve megas. El Gobierno no sabe aún, sin embargo, cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de sus teléfonos institucionales, no privados.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha comparecido a primera hora de la mañana de este lunes en La Moncloa acompañado de la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha informado de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales” y ha calificado las intervenciones de “ilícitas” y “externas”.
El Ejecutivo no señala la posible autoría de estos ataques informáticos, pero asegura que son “ajenos a organismos del Estado”, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la única agencia española que oficialmente tiene el programa Pegasus. “Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños.
La Abogacía del Estado ha presentado este lunes por la mañana una denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional ―el titular del juzgado de instrucción número 4 José Luis Calama― para que se investiguen los hechos. La denuncia no señala a los posibles responsables, pero se basa en datos “verificados y contrastados”, sobre los que “no hay ninguna duda”, según Bolaños. El juez Calama ha acordado el envío a reparto de la denuncia.
El Gobierno asegura que tuvo el domingo en sus manos el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos. Según dicho informe, no se ha producido ninguna nueva intrusión en los teléfonos de Sánchez y Robles después de junio de 2021. “Sabemos que, desde esas fechas, no ha habido ninguna intervención en esos dos terminales. No hay pruebas de que se haya producido una nueva intrusión”, ha insistido el ministro.
