La Secretaria de la Función Pública (SFP) ha solventado un 67% del gasto 2021 por 2 mil 200 millones de pesos observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la gestión del ex gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
Al comparecer ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, explicó que entregó a la ASE documentación para respaldar la aplicación de 2 mil 150 millones de pesos.
El recurso que falta por solventar es por el orden de 1,025 millones de pesos que se relaciona con un tema de tabuladores y pago de nómina.
Sobre el trabajo efectuado, informó que para consolidar la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, un ejemplo de ello, fue la integración y radicación de mil 495 expedientes de investigación de posibles actos u omisiones de personas servidoras públicas que pudieran constituir faltas administrativas.
Moreno Valle Abdala agregó que, en 2023 se substanciaron 365 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales: 279 correspondieron a faltas no graves y 86 a faltas graves.
El funcionario recordó que la Secretaría de la Función Pública constituye un pilar fundamental para la mejora administrativa, al estar encargada de auditar e inspeccionar el ejercicio congruente y transparente del gasto público, así como expedir las normas y políticas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno y contraloría social; por ello, fueron gestionados 2 mil 095 señalamientos de la población, por probables actos u omisiones que pueden constituir responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas.
Lo anterior, dijo, fue recibido de la siguiente manera: 540 a través del sitio web, mil 015 vía correo electrónico y 540 mediante escrito y/o comparecencia personal. De igual forma, expuso, a través de la línea telefónica #PROintegridad (800-466-37-86), adicionalmente se brindó atención y seguimiento a mil 713 llamadas sobre dudas o comentarios relativos a la mejora de servicios.
Para fomentar la rendición de cuentas de las personas servidoras públicas y tras un ejercicio de capacitación, comentó, un total de 138 mil 645 personas servidoras públicas presentaron su declaración de situación patrimonial y de intereses.
Además, el Gobierno del Estado mediante un ejercicio de coordinación obtuvo, por parte de la Secretaría de la Función Pública federal, la licencia de uso del Sistema Integral de Evolución Patrimonial (SIEP), como una herramienta para identificar probables irregularidades e inconsistencias en la evolución del patrimonio declarado por las personas servidoras públicas.
Función Pública contrata a 46 auditores externos
Con el objeto de transparentar aún más el quehacer público, fomentar la credibilidad, confianza y prevenir actos de corrupción, Moreno Valle Abdala expresó que la dependencia a su cargo retomó la designación de auditores externos para la dictaminación de estados financieros; por lo que, con base en el padrón de la Auditoria Superior del Estado de Puebla (ASEP), se designaron a 46 auditores externos autorizados, para practicar revisiones en 70 dependencias y entidades estatales. Precisó que la designación de auditores externos es una acción más que inhibe actos de corrupción al interior del gobierno estatal.
A fin de garantizar la calidad de la obra pública ejecutada, añadió que la Secretaría de la Función Pública, a través del Laboratorio Estatal de Control de Calidad de Obra Pública, realizó 5 mil 022 pruebas de laboratorio a 216 obras ejecutadas en 95 municipios de la entidad el año anterior.
Recalcó que la supervisión permanente en los procesos de construcción de las obras públicas, es un elemento clave que permite mejorar la calidad de las mismas y garantizar su terminación oportuna, para ello, se instrumentan programas detallados desde su planeación, hasta su ejecución, es por ello que, hubo 3 mil 397 visitas de inspección a 962 obras ejecutadas en 189 municipios. Dichas acciones permitieron alcanzar un monto de inversión pública revisado de 8 mil 130 millones 510 mil pesos.
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