El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta una denuncia por presuntamente brindar protección a Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente del Estado, para que evada el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de un año y nueve meses de edad, quien además requiere de tratamiento médico, señala una nota publicada por la revista PROCESO.
Pese a que en su toma de protesta, la mandataria ofreció que su gobierno sería un aliado de las mujeres, funcionarios de su administración fueron acusados penalmente por la ex pareja de Ramírez Hernández de presuntamente falsear información a fin de permitir que este integrante del gabinete morenista eluda el monto que debería pagar como pensión al hijo de ambos.
El 13 de febrero, Tania Vianey Rodríguez González, aún esposa del funcionario, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala a Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor del gobierno estatal; a Miriam Montiel, directora de Recursos Humanos y a Jorge Armando Muñoz López, jefe del Departamento de Relaciones Laborales, entre otros, por los delitos de falsedad en informe de autoridad, fraude procesal, obstrucción de la justicia y los que deriven.
El funcionario de Lorena Cuéllar debe manutención
En entrevista con Apro, Tania Vianey señala que no obstante que, desde diciembre de 2022, un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35% del sueldo del funcionario para cubrir las necesidades de manutención de su hijo, Ramírez Hernández ha usado sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad, lo que, en los hechos, lo convierte en deudor alimentario.
Originario de Morelos, el titular de Medio Ambiente es ahijado político de Rabindranath Salazar Solorio, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, y fue coordinador de la campaña de la actual gobernadora. De hecho, el exsenador morelense y Cuéllar Cisneros fungieron como padrinos en la boda entre Ramírez Hernández y Rodríguez González celebrada en diciembre de 2021.
Con Comprobantes Fiscales Digitales (CDFI) emitidos por el SAT, la entrevistada expone como su ex pareja, secundado por funcionarios del gobierno estatal, ha recurrido a tácticas como reducción de su salario y a reportar retenciones presuntamente ficticias, a fin de disminuir el monto a asignar para la manutención del menor.
Con esto, indica, el servidor público pretende que sólo se le descuente un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que actualmente gana, que equivalen a 5 mil 754 pesos mensuales, cuando de aplicarse el 35% ordenado por el juzgado familiar se le tendrían que descontar 29 mil 453 pesos.
Además, agrega que el político busca eludir su obligación pese a que sabe que su hijo fue diagnosticado con inmadurez pulmonar y neurológica, por haber nacido prematuro, y por lo cual requiere de estudios, tratamientos y terapias médicas que la madre está económicamente imposibilitada para solventar.
Rodríguez González menciona que también interpuso una denuncia por violencia familiar y otra por amenazas en contra del funcionario, pues dos hombres armados que iban en una motocicleta, la advirtieron que la matarían.
Hay dos carpetas de investigación
Por el primero de los casos se abrió la Carpeta de Investigación CJM01/1477/2022 en la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos, y en torno al segundo, se aperturó la CDI SC01/15398/2022. Sólo durante un mes la policía de Morelos le brindó medidas de protección.
No obstante, dice que decidió denunciar públicamente su caso, debido a que el mayor temor que tiene es que su aún marido, “por sus influencias políticas”, busque quitarle la custodia del niño.
José Felipe Jasso, abogado de Rodríguez González, considera que la actuación concurrente de jueces y funcionarios de Tlaxcala a favor del secretario del Medio Ambiente evidencian un tráfico de influencias y una línea dictada desde arriba, que “sólo podría provenir de la gobernadora”.
La nota completa se puede leer aquí.
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