La ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades son la base de la sociedad del conocimiento, y son también el fundamento de largo plazo para el desarrollo del país y el fortalecimiento de las capacidades que nos permitirán resolver los retos para un desarrollo sostenible e inclusivo.
La LXV Legislatura del Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de dotar a México de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos lleve a la siguiente etapa de desarrollo tecnológico. Las profundas reformas Constitucionales de 2011 y 2019 (artículo 3 y artículo 73, fracción XXIX-f) sientan las bases para una mejor regulación en una ley general ya que reconoce:
1. El derecho a los beneficios de la ciencia para toda la población, sin exclusión ni desventaja para estudiantes de posgrado e investigadores de las universidades particulares.
2. La responsabilidad del Estado para apoyar la investigación y la innovación con recursos y estímulos suficientes. La nueva Ley debe mantener el compromiso fiscal del Estado y promover las aportaciones de otros actores.
3. La necesidad de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con la participación de todos los actores, la obligación del Congreso de legislar sobre: las bases de coordinación entre niveles y órdenes de gobierno, la participación de los sectores social y privado, y la regulación de inversión extranjera y la transferencia de tecnología.
4. La profunda vinculación entre educación superior, investigación y desarrollo tecnológico, que debe vincular a esta nueva Ley con la Ley General de Educación Superior que está actualmente en proceso de despliegue en prácticas educativas.
Al hablar de la ciencia nadie sobra y todos los actores podemos contribuir. Hemos visto con entusiasmo las manifestaciones y propuestas de una gran diversidad de actores del ámbito universitario, de centros de investigación, consejos y organismos estatales de ciencia, academias científicas, colectivos en pro de la ciencia y la investigación, sindicatos, líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Es momento de buscar nuevos consensos. Una ley construida a partir del diálogo es más fuerte, asegura su adopción, despliegue, adhesión y permanencia en el largo plazo.
En los últimos años se ha avanzado poco en la construcción de consensos sobre la agenda para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; ha llegado el momento en el que el Congreso de la Unión tome el liderazgo para construir una ley madura, con visión de futuro a partir de las cinco iniciativas presentadas en las dos Cámaras, invitando al diálogo incluyente en un esquema de Parlamento Abierto. El Congreso debe emitir nuevas normas que garanticen la igualdad de derechos de investigadores y estudiantes de posgrado de todas las instituciones del país, promuevan un federalismo incluyente que reconozca las diferencias de necesidades y competencias regionales, faciliten el aprovechamiento cabal del acervo mundial de conocimientos, y generen condiciones adecuadas para innovar en la solución de los desafíos nacionales.
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