Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los estados de Puebla y Tlaxcala no tienen protocolos de actuación y su personal no ha presentado los exámenes de control y confianza que garanticen su apego ético a las funciones de investigación contra el crimen, así se desprende de la «Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados» que publica el Observatorio Nacional Ciudadano: Seguridad, Justicia y Legalidad.
El informe se concentra en analizar el desempeño de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) desde su creación e implementación. En general, los resultados arrojan que a 10 años del lanzamiento federal para que los estados creen sus unidades de inteligencia financiera, las 32 unidades aún no tienen evidencia para medir sus resultados.
Para medir su funcionalidad, el Observatorio hizo una serie de preguntas a través de transparencia sobre el año de creación, las leyes que la sostienen, los reglamentos, el modo de operar, y los presupuestos y organización interna.
Los primeros hallazgos sobre las unidades de Puebla y Tlaxcala es que no cuentan con un reglamento de operaciones.
En el caso específico de Puebla, desde la creación de su unidad de inteligencia en 2022, esta no es autónoma sino que está adscrita a la Secretaría de Finanzas.
En al menos 20 de las 30 preguntas el sujeto obligado declaró que «No es posible atender lo solicitado», sobre todo con información sobre datos estadísticos, la implementación de estrategia para combatir el crimen, sobre su estructura o la coordinación con la unidad de inteligencia federal para sostener esfuerzos contra el crimen.
La Unidad no tiene protocolo para llevar a cabo sus funciones; además, destaca que no aplica exámenes de control y confianza a sus servidores públicos. Una de las fortalezas es que si hay transparencia sobre los cursos que ha tomado el personal y sobre la capacitación.
El.informe concluye que «esta unidad se encuentra en una etapa temprana de implementación, aunque respecto a otras entidades reporta avances más en capacitación».
Sobre la UIPE de Tlaxcala, creada en septiembre de 2021, destaca que tampoco tiene un protocolo de operación, sin embargo, en comparación con Puebla tiene un nivel óptimo de transparencia. De los 10 servidores públicos que integran la unidad, ninguno tiene, hasta octubre de 2023, el resultado de su evaluación de control y confianza.
Solo hay información sobre cursos de capacitación, estructura orgánica, presupuestos y la coordinación con la UIF federal. Sin embargo, solo ha iniciado dos carpetas de investigación desde 2021.
En general, «la respuesta de la unidad es exhaustiva y presenta un alto grado de detalle. Pese a que esta unidad es de reciente creación, demuestra claramente aspectos operativos, de capacitación, presupuestarios y de coordinación interinstitucional», concluye el estudio.
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Foto: Especial
