

A minutos de que el Congreso local iniciara la discusión en el Pleno respecto a las modificaciones al artículo 480 de la Ley de ciberseguridad que sanciona el ciberasedio, la Red Puebla de Periodistas hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que promueva una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley.
No es la primera ocasión que la agrupación realiza la solicitud aludida al organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, pues el pasado 20 de junio le escribió una carta con la misma petición.
Según la Red Puebla de Periodistas, los cambios aprobados en las comisiones del Poder Legislativo siguen siendo ambiguos y continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión en el estado.
La reforma al artículo 480 promovida y presentada por @artemisa_laura, y que se discutirá hoy en el @CongresoPue, no resuelve el problema de fondo: la libertad de expresión aún está en riesgo y el delito no es preciso respecto a la conducta a sancionar.
— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) July 10, 2025
Asimismo, mencionó que el delito tipificado no es concreto en lo referente a la conducta que las autoridades sancionarán en Puebla.
Por su parte, la Red en Defensa de los derechos digitales y Artículo 19 rechazaron el artículo vigente y las propuestas anunciadas en los últimos días bajo el argumento de que constituyen una amenaza para el derecho a la libertad de expresión en Internet, por lo que deben ser derogadas cuanto antes.
La primera agrupación sostuvo que aún con los cambios de redacción propuestos, estos no resuelven los problemas de fondo que amenazan directamente el derecho a la crítica política y el derecho de la ciudadanía de enterarse de los asuntos públicos.
Aseguró que solo buscan sustituir adjetivos vagos y ambiguos del artículo vigente por otros que tienen los mismos problemas, y que permitirán la aplicación arbitraria, discrecional y abusiva de la ley para castigar expresiones legítimas y protegidas por la libertad de expresión.
Añadió que el derecho mexicano y los estándares interamericanos, respaldados por la Suprema Corte de la Nación, reconocen que la libertad de expresión protege expresiones que puedan ser ofensivas, disruptivas e incluso perturbadoras.
“Por ello, el derecho penal queda excluido únicamente para casos de discursos prohibidos como la difusión de contenidos de abuso y acoso infantil, la incitación al genocidio y la apología de la guerra”, acotó.
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