Los estados de Puebla y Tlaxcala se ubican en el top ten de estados del país con más niños, niñas y adolescentes migrantes desaparecidos, de acuerdo con un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La REDIM es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos, asegura que estas desapariciones de infancias y adolescencias se concentran en zonas conflictivas con mayor control territorial por parte del crimen organizado.
También advierte que, a partir del uso de las fuerzas de seguridad (ejército y marina) la violencia se acrecienta, y en distintos estados de México se vive y aumenta el número de personas desaparecidas como una práctica de violencia, que afecta a la población más vulnerable en movilidad social o migración.
La Red menciona que a la fecha hay 25 niños, niñas y adolescentes migrantes desaparecidos en territorio mexicano, siendo la última vez dónde fueron vistos en los estados de: Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, Chiapas y Coahuila.
“Estas desapariciones, algunas veces, se presentan como consecuencia de la trata de personas (categoría que incluye el tráfico con niñas y mujeres migrantes), el secuestro y la privación ilegal de la libertad”, Efraín Tzuc, periodista de A dónde van los desaparecidos.
Sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes se tiene un registro de 7,276 entre 1952 al 30 de junio 2024, siendo las niñas y adolescentes mujeres quienes representan el 53% y el 45% los varones; en ambos casos el grupo etario con mayor registro se encuentra entre los 15 y 17 años.
“Los registros son complejos, la persona migrante indocumentada que está en territorio mexicano, pues para empezar no existe para la autoridad. Entonces para saber que está desaparecida debe tener un enlace en el país que pueda denunciar y decir que esa persona se encontraba en México y ya no se sabe de ella. Eso no quita la responsabilidad del Estado para implementar métodos de registro más específicos, pero hasta ahora vamos a encontrar cifras que no representan prácticamente en nada a la realidad”, según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
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