Cinco policías y un juez calificador de Izúcar de Matamoros vinculados a la denuncia de tortura contra las hermanas y periodistas Michelle y Natali Hoyos López, están prófugos de la justicia.
Durante una entrevista en el noticiero Informe Una en Punto de Fernando Pérez Corona, Michelle Hoyo López afirmó que las autoridades no han cumplido con la “prisión preventiva” que ordenaron los magistrados del Tribunal Colegiado del Sexto Distrito, contra sus agresores.
Aseguró que seis de las once personas involucradas en la agresión cometida contra ella y su hermana, actual directora del Sistema de Información y Comunicación (SICOM) del Gobierno del Estado, siguen libres.
Ante está situación, la periodista de Izúcar de Matamoros dijo que ella y la funcionaria pública necesitan que se cumpla con la medida cautelar, de lo contrario están en riesgo.
La periodista recordó que la agresión la sufrieron cuando fueron detenidas de manera ilegal durante la cobertura de un evento a propósito del Día Internacional de la Mujer, el 10 de marzo de 2023.
Fue en mayo de 2024 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) oficializó la vinculación a proceso de 11 servidores públicos del gobierno de Izúcar de Matamoros que trataron de encubrir las agresiones contra dos periodistas de ese municipio.
Mediante un comunicado, el órgano de justicia federal señaló que todas las personas imputadas fueron vinculadas por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de información dada a autoridades.
Entre los acusados, destaca el ahora ex síndico municipal y el otrora director de seguridad de la edil y candidata de Morena, Irene Olea Torres, la cual busca su reelección.
De acuerdo con el documento publicado por la FGR, el caso inició debido a las agresiones que sufrieron dos comunicadoras de la Mixteca detenidas en el marco de las manifestaciones públicas por el Día de la Mujer en Izúcar de Matamoros.
Los servidores públicos presuntamente realizaron actos para ocultar las agresiones y vejaciones en contra de las víctimas desde su detención hasta que fueron liberadas.
Por otra parte, la FGR también confirmó la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas en contra de Jesús “V”, quien ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para ese cargo.
Es oportuno agregar que, a petición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juzgador impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, así como un plazo de investigación complementaria por dos meses.
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