Con la finalidad de exigir maternidades libres de violencia y que se respeten los derechos de las infancias, este jueves se manifestaron en Ciudad Judicial de Puebla las colectivas Madres Exigiendo Justicia contra la violencia vicaria y Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, integrantes de dichas organizaciones hicieron un pase de lista de jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como de otros trabajadores del Poder Judicial, señalados de cometer anomalías, revictimización y otras irregularidades en procesos judiciales, beneficiando a agresores.
#Puebla 🙋🏻♀️📣 Colectivas hacen pase de lista de jueces, juezas, secretarias de acuerdos y trabajadores del Poder Judicial señalados por víctimas de violencias de cometer anomalías, revictimización y otras irregularidades en procesos judiciales, beneficiando a agresores. pic.twitter.com/nU1kKctub1
— URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) March 5, 2026
La movilización comenzó en punto de las 10 horas en la entrada principal al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), en donde se expresaron consignas como “¡Las madres luchando, al país están cambiando!” y “¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a las niñeces en la cara de la gente!”.
Posteriormente, el contingente se desplazó a la sede del Poder Judicial de Puebla y del Consejo de la Judicatura, en donde las activistas mencionaron parte de las irregularidades que han enfrentado en sus procesos judiciales.
De ese modo, señalaron que, sin ningún argumento jurídico de peso y unicamente escuchando a sus exparejas, jueces y juezas les han revocado custodias y guardias de sus infancias.
Abundaron que, en los juzgados familiares y penales, hay una negativa a otorgar medidas de protección urgentes, incluso, cuando existen indicios de violencia o declaraciones de las propias infancias.
También acusaron una reapertura reiterada de carpetas de investigación sin elementos probatorios, utilizadas como mecanismos de persecución o presión contra madres protectoras.
Por otro lado, indicaron que se obliga a que haya convivencias forzadas entre niñas, niños y presuntos agresores, aun cuando existen denuncias por violencia o abuso, contraviniendo recomendaciones internacionales y la jurisprudencia nacional.
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