Un juez federal concedió una suspensión provisional a un par de amparos promovidos por funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para obligar a cuatro periodistas del estado de Puebla a eliminar notas publicadas en la Jornada, Ángulo 7, E-consulta y Mundo Nuestro.
Las notas periodísticas plasman denuncias realizadas por maestros respecto a asignación discrecional de plazas en distintas unidades académicas de la institución.
Los periodistas afectados por esta suspensión provisional son: Gerardo Pérez Muñoz, Kara Castillo, Martín Hernández Alcántara y Natalia Romero.
El juez Francisco René Olivo Loyo, del Sexto Distrito en Materia de Amparo Civil aceptó dos juicios de amparo indirecto y concedió la suspensión provisional a los promoventes por lo cual ordenó a los medios de comunicación y a cuatro periodistas que se “abstengan de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública de imputaciones que afecten la honorabilidad, dignidad y privacidad” de los quejosos.
El juzgador hace referencia a “las restricciones legítimas del derecho a la información” de la sociedad y a que no se puede sostener el interés público, “únicamente” porque se trata de personas que ocupan un cargo en una universidad pública, “pues ese mayor nivel de injerencia no puede estar por encima de su derecho a la vida pública y al derecho de honor”.
Las personas demandantes son: Eloína N. y Marco Antonio N., representantes de la UPN y del SNTE.
Este hecho fue considerado como un acto de censura por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), pues consideran que la acción tratar de silenciar la crítica.
Asimismo, indicaron que la resolución del juez constituye un grave precedente contra el ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a estar informadas.
“Esta acción judicial representa una forma de intimidación institucional que vulnera el principio de rendición de cuentas en el ámbito educativo”, acotaron.
Opinaron que, por mandato constitucional, las instituciones públicas deben rendir cuentas sobre sus procesos administrativos, lo que incluye la asignación de plazas.
Y exigieron al juez que revierta los amparos concedidos a servidores de la UPN, que afecta al gremio periodístico local y a la sociedad poblana.
Con información de Proceso y Jaime López.
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