Con motivo de la reforma a la Ley General de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), agrupaciones de Puebla pidieron a diputados locales y federales que se incluya a la iniciativa ciudadana para lograr una legislación que ponga fin a los abusos en el suministro y distribución del vital líquido.
En rueda de prensa, María Eugenia Ocupa, integrante de la Asamblea Social del Agua (Asa), subrayó que es importante atender y respetar las necesidades de los comités de agua formados en las juntas auxiliares o comunidades.
Agregó que la reforma también debe tomar en cuenta lo que ella y otros activistas han recopilado a lo largo de 12 años, por ejemplo, que se acabe con el acaparamiento de los concesionarios.
Por otro lado, la propuesta de Asa y otras colectivas insisten en que debe terminarse la privatización del vital líquido y el sistema de compra-venta de concesiones.
Asimismo, plantearon la creación de consejos regionales con amplia y efectiva participación para evitar la hegemonía de las grandes embotelladoras en el Consejo consultivo del agua.
Junto con lo anterior, indicaron que ya no debe mantenerse el esquema de “pago de derechos por contaminar”, debido a que, en la práctica, permite a las industrias tirar contaminantes a cambio de un pago mínimo.
Finalmente, rechazaron la propuesta de que la nueva Ley general de Aguas garantice la prioridad del agua para consumo personal y doméstico, pero en un periodo de 60 años, es decir, de manera lenta o paulatina.
En otro orden de ideas, activistas de distintas organizaciones exigieron nuevamente que el Congreso de Puebla le quite la concesión del vital líquido a la empresa Agua de Puebla por su incumplimiento en 11 años.
Dijeron que, en el marco de la primera comparecencia de esa compañía, se debe recordar que lleva más de un año sin rendir información sobre sus actividades.
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