En la mesa nacional de seguimiento para reformar la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, el colectivo Voz de los Desaparecidos propuso sancionar ejemplarmente a los ministerios públicos que no garanticen a las familias de las víctimas el acceso pronto y expedito a la justicia.
Desde la Ciudad de México, la fundadora de la agrupación, María Luisa Núñez Barojas, sostuvo que actualmente solo hay sanciones administrativas para los servidores públicos, por lo que planteó endurecer las penas.
“Hoy en día estas sanciones son mínimas, son solo administrativas, y en algunos códigos son porque obstruyen el acceso a la justicia, pero pueden seguir gozando de su empleo, de su salario”, dijo.
Por otro lado, mencionó que las fiscalías estatales deben de tener coordinación real con la Fiscalía General de la República a fin de erradicar la crisis en desaparición de personas vigente en el país.
Añadió que el fiscal Alejandro Gertz Manero debe explicar a las agrupaciones o colectivos buscadores su plan de trabajo o estrategias para combatir la crisis en investigación e identificación humana.
Asimismo, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a las y los gobernadores a que se pongan a trabajar en la materia.
En cuanto a las personas que presiden las Comisiones estatales de Búsqueda, Voz de los Desaparecidos propuso que, en el artículo 51, la Secretaría de Gobernación debe realizar una consulta previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente, la persona elegida debe ser ciudadana o ciudadano mexicano; no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público, no haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal, dentro de los dos años previos al nombramiento; y contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.
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