En el marco de la discusión de la reforma a la Ley General de Aguas propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, activistas de Puebla exigieron que se derogue el artículo 102, el cual fomenta la privatización de obras hidráulicas federales.
En rueda de prensa, integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua del Estado de Puebla subrayaron su preocupación de que empresas privadas sigan acaparando el suministro o distribución del vital líquido.
Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla piden derogar, en la Ley General de Aguas, el artículo 102 porque fomenta la privatización de las obras hidráulicas federales.Solicitan que la contaminación del agua se tipifique como un delito vinculado al daño a la salud pic.twitter.com/oXibbGaMZ7
— URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) November 27, 2025
Añadieron que el paquete legislativo propuesto por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue perpetuando el modelo extractivista y de privilegios de la legislación de 1992 impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Derivado de lo anterior, se pronunciaron por que la nueva Ley General de Aguas impida la privatización en todos los sentidos, tanto en la creación de obras como en la distribución y saneamiento.
Por otro lado, solicitaron tipificar como delito penal la contaminación del agua y también exigieron reasignar el vital líquido a las comunidades más vulnerables o con menos recursos, por ejemplo, los pueblos indígenas.
Igualmente, dijeron que deben de apoyarse a los comités comunitarios, pues recordaron que han logrado impedir el saqueo por parte de entes privados y mencionaron que en México hay más de 50 mil comités, mientras que en Puebla alrededor de 2 mil.
En cuanto a la empresa Agua de Puebla, nuevamente se manifestaron contra su mal servicio y su permanencia como administrador del vital líquido en varios municipios poblanos.
Señalaron que, desde el morenovallismo, han crecido sus riquezas, pero también su deuda que afecta a las finanzas locales.
En cuanto al argumento de que quitarle la concesión causaría una gran afectación al erario por los miles de millones de pesos que se le deben de dar por indemnización, las y los activistas desmintieron ello, aclarando que hay otras maneras de sancionar a la compañía y arrebatarle el control del agua.
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