Integrantes de la agrupación Sorora Mujeres en Desarrollo acusaron que un funcionario estatal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (Udaim) las revictimizó el pasado martes en la colonia San Diego Manzanilla, Puebla, cuando acudieron a respaldar a Dalia, presunta víctima de violencia vicaria y familiar.
Señalaron que el nombre de dicho funcionario es Arturo Almonte Carrera, que se ostenta como Jefe del Departamento de Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato del Sistema Estatal DIF.
De acuerdo con el relato de las activistas, el cual está documentado en redes sociales, el servidor público aludido hizo caso omiso a las declaraciones de la presunta afectada, quien pidió la intervención de aproximadamente ocho elementos de seguridad.
Desde el inicio, Almonte Carrera fue parcial en beneficio del presunto agresor, alegando que este tenía un documento que acreditaba la custodia de la menor.
No obstante, el documento referido nunca fue exhibido o mostrado, por lo que las activistas suponen que no existe.
Las integrantes de Sorora Mujeres en Desarrollo también comunicaron que Dalia fue víctima de violencia institucional debido a que funcionarios le dieron vueltas por la ciudad en un vehículo del DIF sin informarle su destino.
Agregaron que Almonte Carrera autorizó que a la hija de Dalia, la cual es menor de edad, le realizarán pruebas en el vehículo, en donde la tuvieron encerrada alrededor de cinco horas.
Por orden de una juez y declaraciones de personal del DIF, la niña se quedó en casa de su progenitor, algo que las activistas condenaron, porque afirman que tiene una denuncia en su contra por violencia familiar.
Tras lo acontecido, las integrantes de Sorora Mujeres en Desarrollo presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, así como en el órgano de control interno del DIF.
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