Entre los meses de septiembre y noviembre, Morena habrá definido sus candidatos a presidentes municipales y diputados locales de Puebla, según la ruta, criterios y proceso a seguir que se aprobó en el pasado Consejo Nacional del partido.
Así lo señaló el vocero del movimiento en Puebla, Agustín Guerrero, quien señaló que habrá estricto cumplimiento de los puntos que se aprobaron ayer en Ciudad de México, sobre todo de las condiciones que deberán cumplir los aspirantes.
Explicó que las coordinaciones estatales se seleccionarán el 22 de junio, el 3 agosto las coordinaciones federales, 21 de septiembre las municipales y el 8 noviembre las coordinaciones distritales.
También se establecieron una serie de reglas para las personas que quieran participar, básicamente prohibiciones, por ejemplo, promoverse a través de espectaculares, incurrir en actos anticipados campaña, utilizar recursos públicos, entregar despesas, artículos o dadivas, realizar actos o eventos dispendiosos o campañas de comunicación ostentosas.
El consejero aclaró que estas condiciones serán revisadas por oficio por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, o en caso de quejas, pero puntualizó que sólo se tomarán en cuenta aquellas que se hayan realizado una vez iniciado el proceso electoral.
También habrá estricto cumplimiento en descalificar a quienes tengan una sentencia judicial por algún delito, o si tiene expedientes abiertos de investigación judicial con pruebas que acrediten que están sujetos a un procedimiento, o procedimientos administrativos.
“Nosotros no vamos a tener una Tania N. de candidato, no vamos a ser condescendientes, no vamos a permitir que nos vuelva a ocurrir otro caso como el de Tequila, vamos a ser estrictos en eso, a meterle lupa”, garantizó el morenista.
Según las reglas aprobadas, las personas que quieran participar por un cargo de selección tampoco podrán realizar expresiones de desprestigio, descalificación o agresión contra otros participantes, difundir información falsa o desacreditar el proceso interno.
Tampoco organizar o promover campañas de acoso o desprestigio digital o en redes sociales, o simular la pertenencia a un grupo vulnerable para obtener ventajas competitivas.
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