

El Congreso de Puebla concretó las modificaciones al artículo 480 del Código Penal del Estado que tipifica el ciberasedio, a fin de apagar la controversia generada a nivel nacional.
La modificación busca garantizar que las críticas a servidores públicos y órganos de gobierno, así como la libertad de expresión, queden exentas de sanciones penales.
El dictamen se aprobó este jueves durante sesión ordinaria del Pleno, con la redefinición del ciberasedio como “acciones reiteradas de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a través de medios digitales, que resulten en la alteración de la vida cotidiana, la privacidad o la integridad de la víctima.”
Entre los cambios importantes, se redujo la pena mínima de 11 a 6 meses, manteniendo la máxima en 3 años, con un aumento a 5 años si la víctima es un menor de edad.
Además, la persecución del delito requerirá la petición de la parte afectada, salvo en casos de menores, personas con discapacidad o relaciones de autoridad o subordinación, donde se procederá de oficio.
También se agregó un nuevo párrafo para blindar la norma contra interpretaciones que puedan coartar la libre manifestación de ideas, o proteger a servidores públicos.
Quedan excluidas del presente artículo, las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo”.
División entre bancadas por ciberasedio
A pesar de los cambios, el PAN y el PRI persistieron en su postura de derogar completamente el artículo 480, argumentando que solo así se evitarían ambigüedades y riesgos de censura.
La diputada panista Susana Riestra Piña criticó la rapidez de la aprobación y la falta de consideración de las voces ciudadanas.
Por su parte, Fedrha Suriano Corrales de Movimiento Ciudadano, aunque reconoció aperturas, consideró las modificaciones “insuficientes” y generadoras de “incertidumbre jurídica”.
La coordinadora de Morena, Laura Artemisa García Chávez, defendió la reforma, asegurando que el objetivo del ciberasedio siempre fue proteger a los ciudadanos y garantizar entornos digitales seguros, especialmente para los menores.
Reiteró que los nuevos elementos jurídicos evitarán interpretaciones erróneas y exigirán la acreditación de la afectación ante el juez.
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