Con el objetivo de fortalecer la democracia, así como los derechos político-electorales de todas las personas, la diputada Laura Artemisa García Chávez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, a fin de armonizarla con la Constitución Federal en materia de nepotismo y no reelección.
Al presentar la propuesta, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso señaló que una de las finalidades es evitar el acaparamiento del poder público y restituir a las poblanas y a los poblanos la libre decisión de quién los gobierna y representa, sin que existan de por medio presiones o el uso de recursos oficiales en beneficio de parientes de los gobernantes en turno.
La legisladora señaló que con esta propuesta se garantiza el sistema democrático y la alternancia en el poder, fortaleciendo los derechos político-electorales, principalmente, el de ser votado.
Tal como lo indica la Constitución Federal, la reforma contempla los supuestos en los que no pueden participar en la elección las personas que tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. Además de la prohibición de la elección consecutiva de cualquier cargo de elección popular.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para, entre otros fines, aumentar las penas por el delito de extorsión cuando la o el agraviado tenga más de sesenta años de edad, sean madres solteras, personas pertenecientes a pueblos originarios o personas con discapacidad.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
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