Distintas organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina se dieron cita en el foro INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA: Desentrañando la influencia corporativa en las políticas alimentarias, para exponer casos en los que la industria ha intentado influir en políticas de salud pública y alimentación en, Brasil, Colombia, Ecuador y México.
La interferencia corporativa en las políticas alimentarias de la región de América Latina representa una amenaza la salud pública y el medio ambiente, ya que corporaciones del sector alimentario, especialmente aquellas vinculadas a productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, ejercen una interferencia considerable sobre decisiones gubernamentales y marcos regulatorios. Esta es una de las causas de que la región de América Latina presente uno de los mayores aumentos en sobrepeso y obesidad en el mundo.
Estas corporaciones utilizan diversas estrategias para proteger sus intereses económicos, como el cabildeo, las puertas giratorias, financiamiento de campañas políticas, financiamiento de investigación científica, intimidación a promotores de la salud, creación de grupos fachada disfrazadas de sociedad civil, promoción de iniciativas de autorregulación, marketing y acciones de supuesta responsabilidad empresarial.
Ana María Maya, especialista en políticas de salud en el Programa de Alimentación Saludable y Sostenible del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), comentó: “A pesar de que hay muchas leyes siendo aprobadas dentro de Brasil, observamos que la industria ha avanzado en sus estrategias de lobbying en los estados y municipios del país, para frenar el avance de estas leyes. Cuando los proyectos de ley son vetados por alcaldes locales, llegan a desarticular el proceso de aprobación de proyectos de ley. Existe un monitoreo estricto a lo largo de los años, de que en el congreso nacional de Brasil el lobbying es intenso en las comisiones del poder legislativo, con entrega de muchos materiales y una fuerte presión directa de la industria en los parlamentarios.”.
Por su parte, Alejandra Niño, investigadora y nutricionista de FIAN-Colombia, relató que “en Colombia, la implementación de los impuestos saludables ha sido objeto de una estrategia de interferencia empresariales sistémica, donde la situación que enfrentamos en materia alimentaria es una problemática que abarca todo el proceso alimentario. La captura corporativa en materia alimentaria incluye a diferentes actores económicos, no sólo actores empresariales, sino también a aquellos que poseen un gran poder político y económico, capaz de reconfigurar y controlar las decisiones públicas para proteger sus intereses económicos. Y esto no ocurre solo en los altos niveles del Estado, sino que se expresa en el día a día, en lo que consideramos que es bueno para comer, en lo que se legisla y en lo que se calla”.
Julio Villalba, director del Observatorio de Salud, Nutrición y Seguridad Alimentaria de Ecuador, compartió: “La evasión fiscal de la industria alimentaria a través de la falsa filantropía es una de las estrategias usadas para influir en la visión de las y los consumidores de que las empresas están realizando un trabajo en favor del bienestar, cuando en realidad tienen un efecto real, pero negativo, en la salud de la población. Este capital simbólico, o prestigio, se utiliza para proteger el poder de la industria, legitimando y “limpiando” sus acciones, con costos altísimos, como el desequilibrio del poder político y económico que llegan a obtener y ejercer, debilitando a su vez los sistemas de salud y la protección social del Estado”.
Por último, Christian Torres, investigador de la campaña de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, mencionó que “las corporaciones de ultraprocesados y bebidas azucaradas en México han recurrido sistemáticamente a estrategias de intimidación para frenar avances en salud pública y silenciar organizaciones de la sociedad civil organizada, quienes ha sido objeto de campañas de desprestigio por denunciar los impactos negativos de estos productos en la población mexicana. Estas acciones incluyen presión en los medios de comunicación, amparos judiciales, amenazas legales y hasta espionaje”.
Con toda la evidencia presentada durante el foro, las organizaciones participantes denunciamos estos actos de interferencia corporativa como atentados en contra la salud pública, y hacemos un llamado a que se proteja el interés colectivo frente al poder de las corporaciones.
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