Integrantes de diversas agrupaciones de autodefensas en Guerrero anunciaron una alianza estratégica para combatir la inseguridad y el avance de grupos delictivos en tres regiones del estado.
La coalición está integrada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Los líderes de estas organizaciones señalaron que la medida responde a la falta de resultados por parte de las autoridades estatales y federales.
De acuerdo con los voceros, la unión busca la reactivación inmediata del movimiento comunitario de seguridad en el corredor que abarca desde Tierra Colorada hasta Cruz Grande, así como en las regiones de la Montaña y la Costa Chica.
Denunciaron que el incremento en homicidios, desapariciones, cobro de piso y desplazamiento forzado ha vuelto insostenible la situación para los pobladores.
Agrupaciones denuncian ineficacia de operativos policiales
Lino Ponce González, promotor comunitario de la UPOEG y excomisario de la localidad de El Terrero, afirmó que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de las autoridades sin obtener respuesta efectiva. El dirigente señaló que los operativos desplegados por las fuerzas oficiales en la Costa Chica no han logrado frenar la impunidad con la que operan las células delictivas.
Ponce González detalló que municipios como Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla y Cruz Grande presentan reportes constantes de robos a familias y despojo de bienes.
Reactivan sistemas de seguridad ciudadana
Por su parte, Jesús Plácido Galindo, delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor de Cipog-EZ, confirmó que se han mantenido reuniones con la CRAC y la UPOEG para coordinar el restablecimiento de la seguridad por cuenta propia.
Los dirigentes recalcaron que la extorsión sigue siendo el principal problema en la Montaña y la Costa Chica. Ante este panorama, exigieron nuevamente la instalación de un destacamento militar en la comunidad de El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, como medida para contener la violencia, una petición que, aseguran, ha sido ignorada por la federación.
Finalmente, los líderes sociales informaron que las asambleas en los diversos municipios continuarán para formalizar el despliegue de la policía comunitaria. Advirtieron que la movilización es una respuesta directa a la vulnerabilidad de cientos de personas que han perdido sus viviendas y patrimonio a manos de la delincuencia organizada
Con información de Excelsior
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