Un nuevo caso de abandono de recién nacidos ha generado conmoción en Ciudad de México. Cámaras de seguridad captaron a una mujer que llegó en un coche a la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y estacionó a la orilla de la acera. La mujer descendió del vehículo, se bajó el pantalón y se puso en cuclillas, dando a luz a una bebé que dejó sobre la calle antes de regresar al automóvil y retirarse del lugar. Un ciclista que transitaba por la zona escuchó el llanto de la recién nacida y alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que acudió al sitio y puso a la bebé bajo custodia. En los últimos siete meses, al menos ocho casos similares de abandono de recién nacidos han sido reportados en Ciudad de México y Estado de México.
Estos han puesto en evidencia un problema estructural que, según distintos especialistas, existe “desde siempre”, pero que factores como la falta de la educación sexual, la criminalización del aborto y el señalamiento mediático los han hecho más visibles.
Entre 2020 y 2024, al menos 5.790 menores fueron víctimas de abandono o negligencia, y 1.282 menores, entre 1 y 17 años, fueron atendidos en hospitales en 2024 por esta causa, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Esto representa un aumento del 616,2% respecto a 2010. En cuanto a los bebés, los casos de abandono en hospitales de la Secretaría de Salud aumentaron de 50 en 2020 a 107 en 2024.
Rafael Castelán, presidente del consejo directivo de Redim, apunta directamente a la pobreza. El especialista señala que México es un país donde uno de cada dos niños y adolescentes viven en esa situación. Esto complica condiciones como el acceso a la educación, a la información y a una “vida digna”.
Otros dos casos que obtuvieron atención mediática se produjeron el pasado mes de agosto. El 23 de ese mes, en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo, un bebé de cuatro años fue abandonado en la calle. Padecía hipotermia y sus padres fueron detenidos. Dos días después, el 25 de agosto, una recién nacida fue abandonada en los baños del metro UAM, de la línea 8, en la alcaldía Iztapalapa. Esta fue rescatada, pero apenas unos días después falleció en un hospital.
También salta a la memoria el caso de Lucio y Diana, de 18 y 21 años, quienes se deshicieron de un recién nacido en el municipio de Tultitlán, Estado de México, tras un aborto inducido. La viralidad de ese caso puso en evidencia otros pilares, como el del acceso a la educación sexual y el de la criminalización del aborto. Castelán afirma que todavía vivimos en un “Estado punitivo”, donde, cuando se trata de adolescentes que cometen este tipo de actos, son directamente sancionados socialmente y legalmente.
“Cuando hay personas muy jóvenes involucradas en este tipo de casos, tiene que analizarse con mayor profundidad y no caer únicamente en la sentencia, sino más bien revisar qué otros elementos hay más allá de estas condiciones para que esa o eses adolescente cometieran eso y se generen políticas públicas de atención”, dice Castelán por videollamada.
El especialista de Redim considera que los profesores en las escuelas carecen de elementos para educar en sexualidad, ya que todavía existen muchos prejuicios y tabúes en la sociedad que limitan el ejercicio libre de la sexualidad y de los derechos reproductivos. También señala a la ola ultraconservadora que ha ido creciendo en los últimos años, a través de la cual los grupos antiderechos han puesto candados a los docentes y maestros para prohibirles que hablen sobre sexualidad.
Desde Redim también señalan las consecuencias que ha traído la centralización de IMSS-Bienestar, en referencia a la integración de los servicios de salud de 23 Estados y de Ciudad de México para la atención médica universal y gratuita a la población sin seguridad social.
“No me parece que sea un tema de falta de presupuesto. Es un tema como de logística y de operación de este nuevo sistema que vemos que no despega. Si ya existía toda una burocracia para conseguir un método anticonceptivo tan sencillo como un condón, ahora hay más trabas. Este desabasto está provocando no solo que los adolescentes ahora se embaracen a una corta edad, sino también puede estar ocasionando que no se cumplan como con el acceso al aborto. Nos hemos encontrado con Estados donde no está llegando misoprostol y mifepristona, por ejemplo”, detalla Castelán.
Ninde Molre, directora de #Abortistasmx, hace hincapié en que situaciones como estas, de abandono de recién nacidos, demuestra que continuar con la criminalización del aborto después de las 12 semanas de gestación, como se permite en 15 de los 32 Estados la interrupción del embarazo de forma legal, genera situaciones que evidencian un problema con la gestación y la maternidad.
Molre considera que hace falta dejar de romantizar el embarazo. Dice que es necesario desmitificar de que las mujeres al quedar embarazadas todas generan un instinto materno. Para empezar, explica, no todas las gestaciones se presentan igual. No todas presentan síntomas, ni pierden la menstruación o se enteran de que están atravesando ese proceso hasta el momento de la expulsión. “Tienes tu vida normal, de repente tienes muchos cólicos, hay una expulsión y sale un bebé. Es una situación muy chocante que hace que las personas tomen decisiones desde el shock, desde el nerviosismo. Tenemos que reflexionar que no todos los embarazos ocurren de la misma manera. Algunos son productos de la violencia sexual, otros pueden ser producto de algún método antifecundativo que falló, entre otras causas”, elabora la también abogada especialista en género y derecho por la UNAM a través de una llamada telefónica.
Molre afirma que mientras la criminalización del aborto libre, sin requerir justificación más allá de su propia voluntad, no esté vigente, se está fomentando que se generen este tipo de situaciones que sí dañan socialmente.
Luis Peña, responsable de la dirección general de representación jurídica y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección, considera que el sistema de salud público todavía tiene una tarea muy importante.
Sin embargo, también dice que la misión de la procuraduría es darles una opción a aquellas mujeres que tengan una gestación y no pudieron interrumpir el embarazo para no recurrir al abandono.
“No van a ser juzgadas ni criminalizadas. Solo se sigue un proceso administrativo para que entiendan las repercusiones legales, psicológicas y sociales de esa decisión. Lo que nos preocupa y nos ocupa es resolver la situación legal de estas niñas y niños para que puedan estar lo más pronto posible en un entorno familiar en el menor tiempo posible y así se incorporen con una nueva familia que esté ya certificada, evaluada y que será supervisada por el Estado”, sentencia Peña.
Con información EL PAÍS.
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