Los funcionarios del condado de Los Ángeles votaron este martes para declarar un estado de emergencia que les otorga poder para brindar asistencia a los residentes que, según afirman, han sufrido económicamente debido a las continuas redadas del gobierno federal en materia de inmigración.
La medida permite a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proporcionar ayuda para el alquiler a los inquilinos que se han retrasado como resultado de la ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
Las redadas de inmigración, que se intensificaron durante el verano, han propagado el miedo en las comunidades de inmigrantes indocumentados, lo que ha llevado a muchos a limitar sus salidas. Los agentes federales han detenido a inmigrantes indocumentados en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos.
El estado de emergencia local también puede canalizar fondos estatales para ayuda legal y otros servicios.
Los fondos para el alquiler estarán disponibles para las personas que presenten su solicitud a través de un portal en línea que se lanzará en un plazo de dos meses, informó la oficina de la supervisora Lindsey Horvath. La moción también podría ser el primer paso hacia una moratoria de desalojos, pero eso requeriría una acción separada por parte de los supervisores.
Algunos propietarios temen que esto pueda ser otro golpe financiero después de una prohibición prolongada de desalojos y aumentos de alquiler durante la pandemia de covid-19.
La declaración fue aprobada con una votación de 4-1, con la supervisora Kathryn Barger en contra.
Horvath y la supervisora Janice Hahn dijeron que las redadas han esparcido miedo y desestabilizado hogares y negocios. A finales de agosto, hubo más de 5,000 arrestos en Los Ángeles como parte de la ofensiva. Aproximadamente un tercio de los 10 millones de residentes del condado son extranjeros. Varias ciudades de la región cancelaron sus celebraciones del 4 de julio y noches de cine de verano, ya que muchas familias se quedaron en casa por preocupaciones de seguridad.
Desde junio, la región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla en la agresiva estrategia inmigratoria del Gobierno de Trump, que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los infantes de Marina durante más de un mes.
“Tenemos residentes que tienen miedo de salir de sus casas, tenemos constituyentes que se comunican con mi oficina porque sus familiares no regresaron a casa y no saben si han sido llevados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) o a dónde los han llevado”, dijo Hahn. “Tenemos familias enteras que están en la indigencia porque sus padres o madres han sido sacados de sus lugares de trabajo y no tienen manera de pagar la renta ni de poner comida en la mesa”.
La semana pasada, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, compuesta por cinco miembros, votó 4-1 para someter la declaración a votación en su reunión regular del martes. El único voto en contra fue de Barger, quien argumentó que las redadas de inmigración no cumplían con los criterios de una emergencia y que esto podría ser injusto para los propietarios.
“Estoy segura de que seremos desafiados legalmente”, dijo Barger. La moratoria de desalojos del condado durante la pandemia de covid-19 resultó en múltiples demandas.
Varias personas expresaron su oposición a la declaración de emergencia si esto condujera a una moratoria de desalojos, durante la parte de comentarios públicos en la votación de este martes.
Los propietarios “aún se están recuperando” de las congelaciones impuestas durante la pandemia de covid-19, que les costaron “miles de millones de dólares en rentas no cobradas y prohibieron los aumentos anuales de alquiler”, dijo Daniel Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles.
Yukelson afirmó que quienes proveen vivienda son comprensivos con los inquilinos y sus familiares afectados por las actividades de ICE. Sin embargo, señaló que la asociación no tiene conocimiento de nadie que no pueda pagar la renta debido a la aplicación de leyes inmigratorias.
“Si las jurisdicciones locales permiten nuevamente que los pagos de renta se difieran debido a actividades de cumplimiento de ICE, esto llevará al mayor deterioro y pérdida de viviendas asequibles en nuestra comunidad”, dijo Yukelson el lunes.
Con información de CNN
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