Piden a Sheinbaum y gobiernos de Puebla y Tlaxcala, plan integral para atender problemas de salud por contaminación del AtoyacFoto: Especial

Un grupo de investigadores e investigadoras, así como de activistas y organizaciones, firmaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para solicitar que se incluya en el Plan Estratégico de rescate de la Cuenca del Alto Atoyac un Proyecto Integral para la atención de problemas de salud ocasionado por la contaminación crónica de cuerpos de agua en ambos estados.

En la misiva se advierte a las autoridades que los ríos conforman una Región de Emergencia Sanitaria, así como un infierno Ambiental por la exposición a tóxicos que no sean mitigado, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2017 porque la contaminación viola los derechos humanos de los habitantes de municipios como San Martín Texmelucan y Huejotzingo (Puebla), y Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla (Tlaxcala), sobre todo en materia de salud, por lo que se solicitó hacer tareas de monitoreo y salud pública, destacando diagnósticos toxicológicos periódicos, instalar centros de salud especializados y garantizar el acceso seguro al agua potable.

En la carta, los peticionarios advierten que la contaminación del agua combinado con la vulnerabilidad social han causado enfermedades catastróficas, con incidencia por arriba de la media nacional, como: daño renal, leucemia, diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y afecciones dermatológicas.

Las y los 34 investigadores y las ocho organizaciones y asociaciones, celebraron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para sanear la Cuenca del Alto Atoyac, pero consideran que se debe construir un proyecto integral en el que están dispuestos a contribuir, para lo que proponen siete acciones estratégicas:

Acciones Urgentes

  1. Regularización inmediata, efectiva y permanente de las descargas industriales que arrojan la mayor carga tóxica a los afluentes y los suelos. Se trata de las empresas identificadas como las mayores emisoras de metales pesados, compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos hacia los ríos Zahuapan, Atoyac, Alseseca y sus afluentes. Ningún programa de saneamiento será efectivo si no se ataja el origen de la contaminación.
  2. Cumplimiento cabal e inmediato del Título de Concesión a Concesiones Integrales de “Agua de Puebla”. Resulta indispensable garantizar que la empresa cumpla las tres fases de tratamiento de aguas residuales comprometidas conforme a la normatividad vigente NOM-001-SEMARNAT-2021, así como la Declaratoria de Clasificación de los Ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan, y sus afluentes, del 2011). Esto aseguraría que al menos el 80 % del volumen vertido al río Atoyac llegará al cauce con una calidad aceptable de acuerdo con dicho control.
  3. Atención médica adecuada, suficiente y sostenida, para la atención de enfermedades crónicas que padece la población de la región y otorgamiento de los tratamientos medicamentos necesarios. Es urgente instrumentar un programa de capacitación para el personal médico de primer nivel y epidemiología para enfrentar de manera integral el problema. Es preciso corregir la normatividad vigente en materia de toxicidad y daños a la salud que se encuentra rebasada.
  4. Creación de un mecanismo interinstitucional con participación social. Es necesario establecer un Organismo Operador de Cuenca de carácter federal, que coordine de manera efectiva las acciones de las distintas dependencias, evite la dispersión institucional, garantice la transparencia en el uso de recursos y así se asegure el avance adecuado de las acciones y la auténtica participación comunitaria, ciudadana y académica.

Acciones Estructurales, en el mediano plazo

  1. Diseño de un Plan Integral de Cuenca que aborde los factores estructurales que han deteriorado la región: la industrialización acelerada y desregulada, la deforestación, la erosión de suelos y la contaminación del aire, las normatividades permisivas que excluyen contaminantes altamente peligrosos y los ineficientes sistemas de vigilancia y sanción. Este plan deberá articular políticas ambientales, sanitarias, urbanas, agrícolas e industriales dentro de un marco territorial coherente y sustentable, con una participación efectiva del gobierno, la academia y la ciudadanía.
  2. Construcción e Instrumentación de un Plan de Justicia Socio-ambiental y Sanitario. Proponemos un programa que garantice los derechos de las comunidades afectadas, la reducción de la incidencia de enfermedades, la recuperación de ecosistemas; dar garantía del acceso a la información, reparación del daño, reconocimiento y fortalecimiento de capacidades locales y mecanismos de transparencia que restituyan la confianza ciudadana.

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