La agrupación Madres Exigiendo Justicia contra la violencia vicaria dio a conocer que Jessica Sánchez Sarmiento, jueza de control de la región Puebla Centro, no ha tenido perspectiva de género ni de infancia en el caso de Martha Nizarandi, quien, desde mayo de 2020, promovió una denuncia contra su expareja por violencia familiar y de género, y, posteriormente, interpuso otra por el mismo delito, pero ahora en agravio de su hija menor de edad.
La presunta afectada dijo a este reportero que la funcionaria pública mencionada en líneas anteriores ha permitido cada solicitud del imputado y no ha vigilado los derechos de las víctimas.
Derivado de lo anterior, ella y la colectiva de la que forma parte exigieron que haya imparcialidad, transparencia y un proceso jurídico apegado a Derecho.
“En asuntos donde existen antecedentes que generan preocupación, es fundamental reforzar el compromiso con la igualdad procesal y con el principio del interés superior de la niñez”, expresaron.
Martha explicó que su primera denuncia, pese a ser interpuesta en 2020, se judicializó hasta el año 2023. Más adelante, y debido a las conductas violentas recurrentes de su presunto agresor, ahora contra su hija, en 2024 se judicializó la segunda carpeta. En ambos casos, ya fue vinculado a proceso.
Sin embargo, el imputado y la defensa legal de éste pidieron acumular ambas carpetas o causas penales, solicitud que fue autorizada por la jueza Jessica Sánchez Sarmiento.
En ese sentido, Martha indicó que, en caso de que exista una acumulación de causas, sea por la del delito que tiene mayor sanción contra el acusado.
“Y eso sería en la carpeta de mi hija con otra juez, porque esta juez ha sido muy parcial; hizo una audiencia, aún sin la presencia del representante de Fiscalía (ministerio público), y casualmente en esa ocasión fue donde solicitó la acumulación de causas”, manifestó.
La agrupación Madres Exigiendo Justicia contra la violencia vicaria comunicó que, con base en el ejercicio de los mecanismos legales previstos, Martha promovió recusación con el fin de garantizar plena certeza de imparcialidad en la conducción del proceso.
Y advirtió que la actuación de la juzgadora ha sido previamente objeto de cuestionamientos públicos, entre ellos, presuntas omisiones en la valoración de la peligrosidad de un imputado acusado de actos reiterados de crueldad animal, así como la negativa a modificar medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Agregó que, en otro asunto, Ivon Fernández, integrante de la colectiva, permaneció por más de cinco meses sin tener contacto su bebé y enfrentó un proceso por presuntos delitos de violencia familiar, sustracción y lesiones, en el que se encontraban imputados el padre y los abuelos de su menor hijo.
En esa causa penal, la juzgadora, pese a los hechos y pruebas, determinó no vincularlos a proceso.
“Estos antecedentes generan preocupación en torno a la debida aplicación del enfoque de protección prioritaria hacia las infancias y resaltan la importancia de que el presente asunto se conduzca con máxima objetividad, transparencia y apego irrestricto a los principios constitucionales que rigen la función judicial”, sostuvo.
Jueza Jessica Sánchez Sarmiento
La #Justicia debe ser imparcial, transparente y apegada a derecho
En asuntos donde existen antecedentes que generan preocupación, es fundamental reforzar el compromiso con la igualdad procesal y con el principio del interés superior de la niñez pic.twitter.com/fFkQMEg3pA
— MadresExigiendoJusticia contra la ViolenciaVicaria (@C_MEJCLVVicaria) February 25, 2026
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