Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga, que está conformada por activistas de distintas agrupaciones, pidieron nuevamente al Estado que concrete la adquisición de la mayoría de las acciones de Agua de Puebla para la desprivatización de ese servicio en la zona metropolitana.
Expresaron que el titular del ejecutivo, Alejandro Armenta Mier, puede usar su derecho de intervención jurídica para lograr ello antes de que la compañía sea comprada por la privada Manila Water.
Asimismo, solicitaron que, en una potencial compra de la mayoría de Agua de Puebla, se hagan mesas de análisis y trabajo incluyendo a la ciudadanía y a las universidades.
Resaltaron que el 74 por ciento de las acciones de esa empresa equivalen a un monto aproximado de 3 mil 600 millones de pesos, pero mencionaron que debería haber una penalización a Concesiones Integrales (el nombre legal de la compañía) por su incumplimiento en el saneamiento del vital líquido.
Frente a Casa Aguayo, las y los activistas también indicaron que no tuvieron respuesta del Gobierno de Puebla a su documento entregado el 11 de diciembre de 2025, pese a que hay un plazo máximo que dicta la ley.
Derivado de lo anterior, insistieron en su solicitud, la cual entregaron en el área de Oficialía de Partes. Posteriormente, representantes de la Secretaría de Gobernación los invitaron a efectuar un diálogo al interior del inmueble.
La Contraloría Autónoma del Agua añadió que el Estado posee la potestad para intervenir en procesos que afecten la prestación de servicios públicos vitales.
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