Ante la posibilidad de que la empresa filipina Manila Water adquiera el control mayoritario de la concesionaria Agua de Puebla, agrupaciones defensoras del vital líquido en el estado pidieron a la administración de Alejandro Armenta Mier que sea ella la que obtenga el 74.85 por ciento de las acciones de dicha concesionaria.
Ello bajo el argumento de que la llegada de una compañía transnacional es una situación peligrosa para la población y la defensa del agua.
Frente a Casa Aguayo, los colectivos Asamblea Social del Agua y la Contraloría Autónoma del Agua subrayaron que el Estado está obligado a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, con enfoque de máxima protección.
Explicaron que es un hecho del conocimiento público que autoridades estatales han manifestado que no existe todavía un acto oficial consumado sobre la transferencia accionaria.
Derivado de lo anterior, expresaron que el proceso se encuentra en una etapa de definición institucional relevante para el interés general y que es una coyuntura oportuna para que se le vuelva a dar un sentido humano al suministro del vital líquido.
“La situación presente abre una ventana pública para que el Estado recupere, mediante vías legales y financieramente responsables, el control social y público del servicio, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de colonias, barrios, juntas auxiliares, pueblos originarios y comunidades periurbana”, acotaron.
Por otro lado, informaron que ya están haciendo gestión con integrantes del Congreso local para llevarles su iniciativa ciudadana de Ley de Agua tras la aprobación de la nueva normativa hídrica a nivel federal. Detallaron que los poderes legislativos tienen 180 días de plazo para ello.
Y sostuvieron que se debe de abrogar la actual Ley Estatal de agua en Puebla, pues acusaron que mercantiliza el vital líquido y tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Infraestructura, cuando debe ser la de Medio Ambiente.
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