Agrupaciones feministas de Puebla condenaron la decisión de la jueza, Alejandra Román Pérez, de modificar la medida cautelar para Ricardo NFoto: Especial

Distintas agrupaciones de mujeres en Puebla condenaron la decisión de la jueza de control del Poder Judicial de Puebla, Alejandra Román Pérez, de modificar la medida cautelar para Ricardo N, primer vinculado por violencia vicaria en Latinoamérica y agresor de Andrea Lezama, vocera de la colectiva Cam Cai.

Mediante un comunicado, señalaron que la funcionaria pública en cuestión admitió en audiencia que sí existe riesgo de que el acusado pueda sustraer al hijo de Lezama, de la que lo alejó por más de seis años.

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Añadieron que la resolución de la jueza no tomó en cuenta ningún análisis de riesgos para las víctimas y es preocupante debido a que instruyó a Ricardo N. a vivir en el domicilio de sus padres, quienes en su momento encubrieron su paradero en otra entidad federativa.

Asimismo, las agrupaciones de mujeres condenaron que, pese a dictarle vigilancia diaria por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, no permitió que se le pusiera una pulsera electrónica bajo el argumento de que el acusado no cuenta con recursos económicos para la misma.

De ese modo, las colectivas sostuvieron que la jueza Alejandra Román dio preferencia al imputado y no así a los derechos de las víctimas, una de ellas, el hijo de Andrea Lezama, que es menor de edad.

“Esta resolución refleja una falta grave de sensibilidad, preparación y perspectiva de infancias y género, representando un retroceso preocupante para un Estado que se ha posicionado como referente internacional en el reconocimiento de la violencia vicaria“, dijeron.

Fue el 23 de octubre de 2022 cuando Ricardo N. fue vinculado a proceso por violencia familiar con la agravante de violencia vicaria, convirtiéndose en la primera vinculación de ese tipo en Latinoamérica.

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