El despojo en la colonia Gobernadores, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, se concretó porque Emma Dulce Flores Hernández reclamó a Ángel Andrés Bustos Flores el pago de 1 millones de pesos; en respuesta él se acreditó como legítimo dueño de un terreno de más de 700 metros cuadrados para cubrir la cifra.
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En el juicio jamás se precisa que este predio está construido, tampoco se señala que ambas personas se conocen y residen en la misma calle Rosendo Márquez, y que se habrían puesto de acuerdo para apoderarse de los inmuebles.
El llamado Cartel Inmobiliario, como lo han descrito los afectados con el despojo, fue apoyado por Paulino Coronel Díaz, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa con residencia en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, del estado de Oaxaca.
Este juez ejerce en una demarcación ajena a Puebla, a 249 kilómetros de la colonia Gobernadores y a 7 horas de Oaxaca de Juárez, la capital oaxaqueña. Es una comunidad que está en una zona limítrofe con Chilchotla, Puebla y Cosolapa, Veracruz, en el Distrito de Tuxtepec, en la región del Papaloapan.
Pese a esto, tomó el caso, y el 20 de mayo del año 2025, emitió el oficio 439/2025, mediante el cual remite el exhorto 41/2025 para su diligenciación, derivado de un Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Flores Hernández contra de Bustos Flores, documento que se presentó posteriormente al Poder Judicial del Estado Puebla.
El 22 de Mayo de 2025 se turnó el exhorto al personal Judicial Actuante, a fin de desahogar el lanzamiento ordenado por el juez de Oaxaca, con auxilio de fuerza pública de los demandados sobre el bien inmueble consistente en un “terreno sin construcción” con una superficie de 720 metros cuadrados, correspondientes a los número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, todos ubicados en la calles Rosendo Márquez de la Colonia Gobernadores, pertenecientes al municipio de San Andrés Cholula, en Puebla.
Finalmente, fue el 16 de julio de 2025 cuando se cumplió con lo ordenado por el Juez Civil en cuestión, con sede en Oaxaca, y auto de radicación dictado por el Juzgado de Exhortos. Tras esto se concretó el desalojo de las viviendas marcadas con los números 2, 4, 8, 10, y 12, pese a que en el documento se remarca qué se trata se un terreno.
Es importante mencionar que no se ejecutó el desalojo en el número 6, porque está ocupado desde 2023 por Ángel Andrés Bustos Flores, el supuesto demandado, mientras que en el número 14 reside Emma Dulce Flores Hernández, la demandante.
Para el Poder Judicial de Puebla, el procedimiento se llevó a cabo con respeto al debido proceso, que se atendieron las peticiones de las personas presentes, como la Sra. Téllez Castellanos, quien recuperó sus pertenencias del inmueble rentado a Juan Carlos Ruiz Ortega, uno de los despojados.
También se precisó que el “Poder Judicial de Puebla actuó como autoridad colaboradora, cumpliendo un mandato legal con estricto apego a la ley y sin facultades para modificar el contenido del exhorto.”
Para los afectados, el Poder Judicial de Puebla para nada actuó de forma legal, sino fue cómplice de los integrantes del Cártel Inmobiliario.
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