El diputado local de Morena, Julio Huerta Gómez, presentó en el Congreso de Puebla la iniciativa en materia de revocación de mandato del gobernador del estado.
En caso de que los ciudadanos soliciten este ejercicio, se realizaría una consulta ciudadana en el 2028 para analizar la continuidad del titular del Poder Ejecutivo.
La propuesta presentada este viernes durante sesión de la Comisión Permanente, establece los mecanismos y lineamientos para el proceso.
⚖️ 🗣 Este viernes, el diputado local de Morena, @juliomiguelhg, presentará en el @CongresoPue la iniciativa en materia de revocación de mandato del gobernador del estado.
🔎En caso de que los ciudadanos soliciten este ejercicio, se realizaría una consulta ciudadana en el 2028. pic.twitter.com/EPeGFN0Zzb— URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) July 25, 2025
¿Cómo funcionaría la revocación de mandato?
El Instituto Electoral del Estado (IEE) sería el encargado de organizar y convocar a la consulta ciudadana.
Para iniciar su aplicación, se necesita una petición formal respaldada por firmas de al menos el 10 por ciento de los votantes registrados en 109 municipios.
El ejercicio ciudadano sólo podrá hacerse una vez en todo el sexenio, y tendría que ser dentro de los tres meses posteriores a que el gobernador cumpla su tercer año de mandato.
Para que la revocación sea válida, se necesita que al menos el 40 por ciento de los poblanos en la lista nominal participen.
Una vez contados los votos y resueltas las posibles impugnaciones, el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) emitiría, en su caso, el decreto de revocación de mandato.
La propuesta también prohíbe estrictamente el uso de recursos públicos para la recolección de firmas o para cualquier tipo de promoción o propaganda relacionada con el proceso.
“El pueblo pone, el pueblo quita o el pueblo ratifica, porque el poder para ser legítimo debe rendir cuentas, no sólo cada 6 años, sino cada que la ciudadanía lo exija”, sentenció el diputado Julio Huerta.
La iniciativa se concretó luego del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso local legislar en la materia.
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